La intensa cooperación judicial entre México y Estados Unidos, que ha permitido el traslado de 92 criminales de alto impacto hacia tribunales norteamericanos, encara un nuevo desafío de reciprocidad.
Tras cumplir con las exigencias de Washington mediante operativos extraordinarios, los reflectores de la justicia mexicana apuntan ahora hacia el norte: el gobierno busca la localización y entrega del abogado Emilio Valero Pérez Vargas, quien habría burlado los filtros fronterizos tras un presunto fraude millonario.
La entrega masiva de objetivos prioritarios por parte de la administración de Claudia Sheinbaum —ejecutada en tres etapas desde febrero de 2025 y que incluyó a capos históricos como Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales— demostró la disposición de México para operar bajo mecanismos de la Ley de Seguridad Nacional.
Sin embargo, este flujo de personas requeridas, que tradicionalmente viaja de sur a norte, busca ahora activar los mismos engranes en sentido opuesto.
El expediente penal contra Valero Pérez Vargas se originó por el delito de abuso de confianza. Según las investigaciones, el litigante habría cobrado una resolución judicial de aproximadamente 2.5 millones de dólares a nombre de una prestigiada firma mexicana de litigio constitucional y civil, la cual representaba los intereses de un consorcio de la construcción de origen español.
Antes de que se ordenara su captura, un juez de control le había impuesto severas restricciones para garantizar su permanencia en el país.
El paquete de medidas cautelares incluía: la firma quincenal ante la autoridad judicial, una garantía económica y el aseguramiento de un inmueble en la colonia Roma de la Ciudad de México.
El resguardo obligatorio de su pasaporte y de su tarjeta de residencia permanente (green card) estadounidense.
A pesar de haber entregado sus documentos migratorios para evitar su fuga, los reportes oficiales indican que Valero Pérez Vargas ignoró las restricciones y logró cruzar la frontera de manera irregular.
Fuentes cercanas al caso señalan que las propias autoridades estadounidenses investigan ya su ingreso ilegal a ese país, mientras en México se mantiene activa una orden de aprehensión y una solicitud de localización internacional.
Aunque los registros judiciales públicos confirman que la defensa del abogado ha tramitado diversos recursos de amparo ante tribunales federales para frenar su captura, el caso escaló al terreno de la diplomacia judicial.
Con un saldo de 92 extraditados y entregados a la fiscalía estadounidense entre 2025 y principios de 2026, la gestión mexicana busca determinar si los canales de comunicación con el
Departamento de Justicia de Estados Unidos operan con la misma velocidad y eficacia cuando es México quien solicita la devolución de un prófugo en territorio estadounidense.
*Porfirio Escandón
Consultor en temas de seguridad*