La fragmentación del sistema jurídico entre el fuero común y federal, sumada a la falta de coordinación entre las autoridades migratorias, de asilo y los sistemas de protección contra la violencia, crean un entorno inaccesible para las mujeres migrantes sobrevivientes de violencia basada en género.
De acuerdo con Médicos del Mundo y ACNUR, entre el 70 y 80% de las mujeres migrantes en tránsito sufre algún delito en México. Sin embargo, la mayoría carece de información oficial y confiable sobre sus derechos, depende de redes sociales informales y queda expuesta a mayores abusos. Más de la mitad no presentó una denuncia por miedo a represalias y porque considera que no obtendría justicia.
Así lo señala el informe "Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad en México", elaborado por la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM), en donde se destaca la división competencial del Estado mexicano.
Las solicitudes de asilo en 2020 fueron 41 mil 303, de las cuales 38% correspondieron a mujeres; en 2024 fueron 80 mil, y 44% de ellas fueron de mujeres. Foto: Cuartoscuro
Eso quiere decir que las atribuciones para investigar y sancionar la violencia de género se fragmentan entre los órdenes municipal, estatal y federal. Los delitos más recurrentes vividos por las mujeres en tránsito —como el robo, la extorsión y las agresiones físicas— pertenecen al fuero común y son tramitados ante fiscalías locales.
Por el contrario, la trata de personas con fines sexuales o laborales, el secuestro y la tortura corresponden al fuero federal, bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República (FGR). A pesar de que existen estructuras y unidades especializadas a ese nivel, la navegación por el sistema resulta intrincada para las mujeres en tránsito por México.
Además, la complejidad se multiplica al acudir a órganos autónomos de derechos humanos. Cuando la autoridad acusada es federal, las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se remiten internamente a visitadurías distintas: la Primera para asuntos de niñez y familia, la Cuarta para temas de igualdad o la Quinta para personas migrantes y trata. Si la autoridad imputada es estatal, se debe recurrir a las comisiones locales.
En ambos casos, el alcance máximo de las resoluciones de esos órganos autónomos se limita a recomendaciones, que no tienen carácter vinculante. Para una mujer sobreviviente que carece de acompañamiento, ese entramado institucional constituye una brecha que resulta infranqueable.
"La justicia para las mujeres en contextos de movilidad puede llegar en un plazo muy largo… para las mujeres que no cuentan con redes de apoyo, o el presupuesto para estar acudiendo a fiscalía las veces que ellos requieren, y la forma en la que dan seguimiento de la denuncia, son todo un reto (…) Hemos realizado reportes ante procuraduría y no siempre dan la respuesta o no dan respuesta oportuna, incluso no nos dejan en claro quién tiene que responder, si es Fiscalía de la Mujer o si es Procuraduría", denuncia el informe.
El análisis de la red de organizaciones señala que la violencia basada en género opera como una causa estructural que detona el éxodo de las mujeres desde sus países de origen, al igual que como un peligro constante durante su tránsito por territorio nacional.
Las cifras de solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reflejan ese fenómeno: en 2020 se registraron 41 mil 303 (38% mujeres); la cifra se disparó a más de 131 mil en 2021 (41% mujeres), superó las 140 mil en 2023 (42% mujeres) y se situó en 80 mil en 2024 (44% mujeres).
Diagnósticos cualitativos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advierten que el riesgo de sufrir violencia sexual o física en las rutas mexicanas se incrementa sustancialmente bajo condicionantes específicas: tener entre 15 y 49 años y viajar con la pareja agresora; tener entre 15 y 39 años y viajar sola o con hijas e hijos; ingresar por rutas bajo control territorial de la delincuencia organizada; utilizar transporte público expuesto a secuestros y extorsiones; pertenecer a ciertas nacionalidades, o identificarse públicamente como mujer lesbiana o persona trans.
De acuerdo con mediciones de ACNUR retomadas por la investigación, el 58% de las personas forzadas a huir sufrió algún incidente de seguridad en su tránsito antes de llegar a México. Una vez en territorio nacional, el 40% de las personas refugiadas y migrantes fue víctima directa de delitos: robo (19%), secuestro o rapto (9%), amenazas físicas e intimidación (9%), extorsión (9%) y estafa (6%).
Las dependencias responsables de la protección y atención operan bajo esquemas de estrechez financiera. Foto: Cuartoscuro
Por otro lado, el 80% de la población encuestada careció de información oficial y confiable sobre sus derechos y recursos de protección durante su trayecto. Ante la ausencia de canales institucionales efectivos, las sobrevivientes dependen de la comunicación directa con familiares, del boca a boca o de redes sociales, como Facebook y WhatsApp, lo que las expone a desinformación, extorsiones o a la manipulación por parte de redes de tráfico de personas, conocidas como "coyotes".
A pesar de que el marco constitucional mexicano reconoce los derechos humanos de todas las personas sin importar su situación migratoria y la igualdad sustantiva de género, la investigación demuestra que las dependencias responsables de la protección y atención operan bajo esquemas de estrechez financiera.
El Presupuesto de Egresos de la Federación ha registrado reducciones para la Comar en los últimos años. La escasez de recursos públicos coincide, además, con reducciones en la cooperación internacional derivadas de la política estadounidense.
Durante el mandato de Donald Trump en 2025, el recorte de cerca de 8 mil millones de dólares en ayuda exterior de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la disminución del 80% al presupuesto del ACNUR derivaron en una reducción del 30% en el apoyo que este organismo brindaba a la Comar, así como en desabasto de insumos en organizaciones civiles.
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En el ámbito de la atención a la violencia contra las mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) se extinguió en 2025 tras una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y sus funciones fueron transferidas a la Secretaría de las Mujeres (Semujeres).
Sin embargo, esta transición generó un rezago operativo en el sostenimiento de estrategias y en la asignación de subsidios. El Programa de Apoyo para Refugios Especializados dispuso de 487.7 millones de pesos en 2025, monto inferior a los 506.5 millones asignados en 2024.
Evaluaciones del Coneval señalan que el Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva (ISAIS) registra un promedio de apenas 29%, y solo el 22.1% del gasto ha sido auditado con enfoque de género. Además, en el anexo destinado al presupuesto de género no hay rubros o partidas presupuestales destinadas específicamente a mujeres en situación de movilidad.
La Red detalla las razones por las que las mujeres en movilidad desisten de interponer denuncias penales o administrativas tras ser víctimas de delitos o abusos. La propia Suprema Corte reconoce que las personas migrantes frecuentemente omiten acudir a la autoridad judicial por desconocimiento de sus derechos, falta de asesoría y temor a acercarse a las instituciones en un entorno desconocido.
Entre las causas principales están la convicción de que las autoridades ante las que se denuncia están vinculadas con los agresores o los protegen, el hecho de que la propia autoridad sea la perpetradora del delito o abuso, la percepción de que la denuncia implica un proceso prolongado, complejo y costoso, el temor al estigma y a la revictimización derivada de prejuicios misóginos e institucionales, y la ausencia total de orientación legal y acompañamiento durante el procedimiento.
Las mujeres en movilidad se encuentran con entornos de vulnerabilidad en su búsqueda de empleo. Foto: Cuartoscuro
Un testimonio recabado en la investigación ilustra el riesgo de deportación al que se enfrentan las mujeres al interactuar con las autoridades sin asesoría. Tras ser retenida en una estación migratoria, una sobreviviente de Honduras relató que todas pedían llamadas, incluso dos de Guatemala que tenían tres días de estar ahí. La volvieron a llamar y le hicieron firmar unos papeles. Aunque no le explicaron qué pasaba, al final la dejaron ir.
"Mi hermana llamó a una abogada. Entonces la abogada hizo varias llamadas, no sé qué más haría, pero gracias a ella en ese momento me dejaron ir, no habían pasado veinticuatro horas gracias a Dios, pero creo que si mi hermana no hubiera llegado y hubiera visto la situación, si no hubiera llamado a la abogada, posiblemente me hubieran deportado", contó.
Además del ámbito institucional, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares indica que en el campo laboral, las mujeres en movilidad se encuentran con entornos de vulnerabilidad en su búsqueda de empleo: el 27.9% de la muestra había sufrido violencia en el trabajo, pero de ese universo solo el 20.3% conocía la existencia de protocolos para su atención.
Ante las deficiencias del aparato estatal, en 2025, la SCJN resolvió un amparo interpuesto por la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana y el Servicio Jesuita a Refugiados, mediante el cual ordenó al Poder Legislativo reformar la Ley de Migración para crear un Registro Nacional de Personas Detenidas por el INM, omitido desde 2019, con el fin de transparentar las detenciones, prevenir la tortura y otorgar certeza jurídica.
Asimismo, el Amparo en Revisión 302/2020 —impulsado por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica del PUDH— derivó en una sentencia que obliga a las autoridades federales a publicar en el Diario Oficial de la Federación lineamientos con perspectiva de género, niñez y discapacidad para la atención de personas devueltas a México bajo el programa de Protocolos de Protección a Migrantes "Quédate en México".
No obstante, el informe pone de relieve que esos lineamientos siguen sin publicarse y la recepción de personas no se ha detenido. Además, en el terreno operativo, la atención directa a las sobrevivientes sigue sostenida por organizaciones de la sociedad civil.
"Tener talleres sobre lo que es la violencia familiar, la violencia institucional, y la migración; aquí he aprendido lo que son las violencias y cómo podemos defendernos; porque sí tenemos derechos, aunque uno piensa que no por estar aquí irregularmente, sin papeles, pero al final, aprendí que sí tenemos… ahora tengo mi tarjeta y ya puse la denuncia en fiscalía", señala uno de los testimonios recabados en el informe.
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Para reducir las brechas que expone el análisis, la RMMSyM recomienda al Estado mexicano, entre otras acciones, en el caso del poder legislativo reformar la legislación migratoria para ampliar las vías regulares, seguras y ordenadas de migración y asegurar incrementos presupuestales, y en el caso del poder judicial, revisar el protocolo para juzgar casos que involucran a personas migrantes para incorporar el principio de igualdad de género.
En tanto, al Ejecutivo le sugiere integrar formalmente al INM y a la Comar dentro de los sistemas nacionales derivados de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; estandarizar los registros del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres para desglosar la variable de estatus migratorio, y ratificar los convenios de colaboración de Semujeres con las autoridades migratorias para mantener células de atención técnica en las fronteras.
Por otro lado, a las asociaciones civiles las llama a impulsar la contraloría social y auditorías presupuestarias ciudadanas sobre el gasto asignado a género y migración, para mantener la articulación de redes territoriales para el acompañamiento integral de las sobrevivientes.