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Si en una casa ingresan $100, pero los gastos mensuales llegan a $141, alguien tiene que conseguir los $41 que hacen falta para cubrir las obligaciones.
Cuando esa situación se repite durante años, las deudas comienzan a acumularse y una parte cada vez mayor de los ingresos termina destinada a pagar intereses.
Ese es el ejemplo que utiliza Diego Montañez-Herrera, investigador económico de la Universidad EAFIT y líder del equipo Nowcast, para explicar el desequilibrio de las finanzas públicas colombianas.
La comparación tiene una traducción en las cuentas del Gobierno Nacional. Entre enero y agosto de 2026,los ingresos sumaron $223,5 billones, mientras los gastos alcanzaron $314,8 billones.
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Esto dejó una diferencia de $91,3 billones en los primeros ocho meses del año.
En otras palabras,por cada $100 que recibió el Estado, gastó aproximadamente $141. Los $41 adicionales tuvieron que financiarse mediante distintas fuentes, entre ellas el endeudamiento.
Para Montañez-Herrera, lo preocupante no es solamente el resultado de este año, sino la persistencia del desequilibrio. En un análisis publicado sobre las cuentas públicas, el economista advierte que la distancia entre ingresos y gastos se ha mantenido durante varios años y se ha ampliado en los periodos más recientes.
La gráfica elaborada por Dapper, con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, permite observar esa tendencia entre 2004 y 2026. A agosto de este último año, los gastos representaron 15,6% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a ingresos equivalentes a 11,1%.
El balance fiscal total llegó a -4,5% del PIB, mientras que el balance primario, que excluye el pago de intereses de la deuda, se ubicó en -1,7%.
Este comportamiento se conoce como déficit fiscal y refleja que el Gobierno está comprometiendo más recursos de los que recibe. Según el balance publicado por Hacienda,el faltante entre enero y agosto fue de $91,2 billones, equivalente a 4,6% del PIB.
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El segundo punto que destaca Montañez-Herrera es el costo de financiar ese faltante. Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, el Gobierno debe acudir a préstamos y emisiones de deuda, obligaciones que posteriormente generan intereses.
Y ese pago ya representa una proporción importante de los recursos públicos.
Segúnel Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), a agosto de 2026, los intereses de la deuda equivalieron a 27,8% de los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central.
La cifra tiene una explicación sencilla, en línea con el ejemplo del investigador: por cada $100 que Colombia recauda en impuestos, cerca de $28 se destinan exclusivamente a pagar intereses de las obligaciones financieras.
Para Montañez-Herrera, esta situación tiene consecuencias que van más allá de las cuentas del Ministerio de Hacienda. Cuando aumenta el costo de financiar al Gobierno, también pueden encarecerse las condiciones de crédito para las empresas y los hogares, además de reducirse los recursos disponibles para inversión pública.
El problema, por tanto, no se limita a cuánto debe el Estado. También importa cuánto cuesta mantener esa deuda y qué posibilidades quedan para financiar otras necesidades del país.
Ante este panorama, una de las preguntas centrales es por qué el Gobierno no simplemente reduce sus gastos para cerrar la brecha.
Montañez-Herrera advierte que el ajuste no es tan sencillo. Una parte importante del presupuesto ya está comprometida en obligaciones como pensiones, salud, transferencias y otros gastos que el Estado debe atender.
Además, cada administración enfrenta nuevas necesidades y prioridades de inversión, lo que dificulta corregir el desequilibrio de un momento a otro.
El investigador plantea que la discusión debe ir más allá de aprobar una reforma tributaria o anunciar recortes presupuestales. El país necesita definir cómo financiar sus compromisos y garantizar que el gasto sea compatible con su capacidad de generar ingresos.
La discusión cobra relevancia en medio del debate sobre la Ley de Rescate Económico y la preparación del próximo Plan Nacional de Desarrollo, que definirá las prioridades de inversión para los siguientes cuatro años.
En ese contexto,Montañez-Herrera pone sobre la mesa una pregunta que considera fundamental: ¿cómo se va a financiar todo lo que el Estado quiere hacer?
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Su advertencia es que corregir las cuentas públicas exige decisiones difíciles y sostenidas durante varios años. No basta con anunciar un ajuste si posteriormente el Gobierno continúa gastando más de lo que puede financiar.
El investigador también insiste en que el problema fiscal no debería entenderse como una discusión exclusiva de economistas o de una corriente política. Sus efectos pueden llegar a las condiciones de financiación de las empresas, las posibilidades de inversión y los recursos disponibles para atender las necesidades de los ciudadanos.
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